La afiliada al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, Celia P. (66), radicó una denuncia ante el Iapos, el 26 de mayo de 2015, en la que pedía a este organismo investigue si la empresa que concurría a atender los pedidos de atención de emergencias médica contaba en su staff con una profesional de nombre Lorena S. B.

La duda surgió debido a que la profesional hacía meses que acudía a su hogar y atendía a su esposo, Julio M. (77) brindando servicio de medicina, enfermería y kinesiología. Celia, afiliada de Iapos, había comprobado que quien se hacía llamar “Lorena”, no era —al menos— la misma persona puesto que en oportunidad de extenderles recetas médicas con el sello y nombre, el recetario estaba a nombre de la Dra. Soledad C..

Días antes, Celia, había presentado la misma denuncia ante el Colegio de Médicos (1ra. Circunscripción) y posteriormente acudió a la Defensoría del Pueblo en donde encontró receptividad en el cuerpo de abogados del organismo que compelió, tanto a Iapos como al Colegio de Médicos, a brindar una urgente respuesta.

Según la información a la que pudo acceder El Litoral, el Colegio de Médicos el 22 de mayo de 2015 radicó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación —Fiscalía Regional 1 La Capital— por “la presunta violación a lo dispuesto en el art. 208 inc. 1) subsiguientes y concordantes del Código Penal, en relación a la asistencia brindada al esposo de la denunciante”.

La presentación se hacía extensiva contra los titulares de la empresa que brindaba el servicio de ambulancias; a la supuesta profesional, Lorena S. B., y a quien aparecía en las recetas médicas como autorizante, Dra. Soledad C. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, ofició al Director Provincial de Iapos, Dr. Silvio González, con fecha 18 de junio de 2015 —debiendo reiterar el mismo pedido dos meses después ante la falta de respuesta—, pese a que se le giró al Instituto copia de la denuncia penal radicada por el Colegio Médico ante el posible ejercicio ilegal de la medicina de una prestadora del Instituto.

La respuesta

La Defensoría del Pueblo insistió en su pedido y, meses después, la obra social provincial respondió que la empresa que brinda el servicio de ambulancias que “... integró el registro de prestadores del Programa Cuidados Domiciliarios hasta el mes de agosto de 2014.

No obstante lo expresado, consultado con el sector de Auditoría, nos informa que a la fecha viene facturando prestaciones a la Obra social por el mencionado Programa”. Una confesión de parte, que exime del relevo de pruebas. 

Lo que el Iapos sostiene es que se le venía abonando servicios a la empresa, sin ser prestador y reconoce además que “no registramos notificación de baja dicha empresa (à) ha participado en reuniones de capacitación por sistema on line y se le ha otorgado código de usuario para gestionar autorizaciones y consumos”.

Traducido, la empresa no está habilitada puertas adentro de la obra social para la prestación del servicio, aunque igualmente lo realiza y cobra. Obviamente se abren los interrogantes acerca de si se cumplen los controles establecidos por el “Programa de Cuidados Domiciliarios”, reglado por disposición 21/2014 y creado por el propio director de Iapos, Dr. Silvio González.

De acuerdo con lo relevado por El Litoral hoy la empresa denunciada por la afiliada a la obra social provincial continúa prestando servicio a Iapos, pese a la exhibida endeblez en la relación contractual y sin haber respondida la presentación elevada por el Colegio de Médicos sobre la profesional actuante.

Hasta el momento la denuncia penal no prosperó y, lamentablemente, Celia P. falleció en enero pasado sin haber obtenido una respuesta a sus dudas.

Fuente: El Litoral