Con la homologación de la Corte Suprema, los gobiernos de Santa Fe y Nación cerraron el capítulo de la deuda por la retención indebida de fondos coparticipables entre 2006 y 2015 a la provincia. El acuerdo significó la ratificación plena de la legalidad de lo firmado el 29 de junio de este año.

“Con la homologación empieza a correr el plazo previsto en el convenio de 30 días para que la Nación entregue los títulos públicos a Santa Fe. Se trata de un recupero de una deuda importante que generan un flujo de fondos que la provincia va a percibir. Ese flujo para lo que resta de este año son aproximadamente 26 mil millones de pesos y para el próximo un monto similar. Esos fondos además son coparticipales a los municipios y comunas, en tanto, tienen que estar orientados a la inversión pública”, explicó el ministro de Economía, Walter Agosto. 
Según informó el funcionario, el monto de la deuda es de 151.873 millones de pesos (Neto anticipo Bono Consenso Fiscal 2017) y el monto a coparticipar a municipios y comunas 18.477 millones de pesos ) Neto anticipo Bono Consenso Fiscal 2017 y anticipo para ejecución de obras». Del total que recibirá la provincia, el 13% será entregado a los municipios y comunas en concepto de porcentajes de coparticipación y que llegará a unos 18 mil millones de pesos.

“Hay que tener en cuenta que los títulos públicos que va a recibir la provincia de Santa Fe se ajustan por CER, de manera tal que, en el transcurso del tiempo, el monto mencionado va a tener un ajuste adicional que dependerá de lo que ocurra con el índice de inflación”, explicó el funcionario.

El ministro aclaró, por otro lado, que, según la Ley de Presupuesto nacional, los fondos que se desprendan del cobro de la deuda deberán ser destinados exclusivamente a inversión pública y no para gastos corrientes, como, por ejemplo, el pago de sueldos.  En ese sentido, cada comunidad ya tiene establecido los montos que recibirán y a partir de ahora deberán comunicar a la provincia qué destino le dará cada uno.

En tanto, Agosto detalló que el rubro inversión pública contempla un abanico amplio, desde obra pública a compra de equipamiento: “El gobernador tiene en carpeta algunos proyectos que no han podido ser financiados. Eso se tratará en con el gabinete en función de las demandas. Por supuesto que hay una demanda central del Ministerio de Infraestructura, pero también hay otras carteras con proyectos a financiar”, indicó.

Con la homologación de la Corte Suprema se cierra un proceso largo y complejo luego de 13 años de presentada aquella primera demanda.