El decreto agrupa 170 artículos en 22 capítulos, en las áreas de gestión de ocho ministerios (Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía), dos organismos descentralizados (la AABE y la ANSES) y el Banco Central. Varias de estas medidas impactan directamente en el sector empresas, a saber:

• Se simplifica el proceso para obtener marcas y patentes (las presentaciones serán digitales y las controversias se podrán resolver en 60 días sin tener que ir a la Justicia.

• Los llamados iniciales de licitaciones de obras públicas ya no tendrán que publicarse en los boletines oficiales de las provincias y/o municipios afectados. Solo deberán reflejarse en el Boletín Oficial de la República Argentina y cada organismo en su sitio web.

• Se reducen de 10 a 5 días de anticipación para publicar licitaciones de hasta 100 millones de pesos.

• Elimina el Registro Industrial de la Nación (RIN) creado en 1972 que tiene solamente a 1.700 empresas de las más de 110 mil que hay en el país.

• Se elimina la obligación de que las sociedades comerciales presenten de manera encuadernada sus libros contables, tal cual lo establece el Código Civil y Comercial, y serán reemplazados por libros digitales.

• El Fondo de Garantías de la Pequeña y Mediana Empresa será reemplazado por el Fondo de Garantía Argentina, cuyo objeto será otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca, y ofrecer garantías directas e indirectas, a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las personas que desarrollen actividades económicas y/o productivas en el país.

• Creación de un Fondo Fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor, con el objetivo de "facilitar el acceso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas".

Fuente: Ámbito Financiero