Ahora, tras su tratamiento en Diputados, donde fue aprobado en general con el voto del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y aliados, el proyecto del Poder Ejecutivo será debatido este viernes desde el mediodía en la Cámara de Senadores.
Según se estima, el Gobierno tiene asegurada la sanción en general al contar con el respaldo de senadores propios, además de los del PRO, de la Unión Cívica Radical (UCR), de bloques provinciales y hasta de cuatro peronistas cuyas provincias de origen últimamente vienen siendo beneficiadas con abultados giros desde Buenos Aires. En tanto, también es seguro que el bloque justicialista, conducido por José Mayans, votará en contra.
Otro imponderable que enfrenta el oficialismo
Sin embargo, lo antedicho está en suspenso a partir de un nuevo imponderable que debe afrontar el Gobierno: aliados del oficialismo, que en principio están dispuestos a votar a favor del proyecto, descubrieron que el artículo 30 encierra otro brutal ajuste en educación y ciencia.
En efecto, deroga disposiciones de la Ley de Educación que fijan una inversión mínima del 6% del PBI, elimina el sendero de incremento del financiamiento científico hasta el 1% del PBI en 2032 y suprime el 0,2% destinado a escuelas técnicas.
Un recorte que encendió alertas entre senadores de la UCR, encabezados por el correntino Eduardo Vischi, y de los integrantes del bloque Convicción Federal, liderados por el puntano Fernando Salino, que respaldan el proyecto en general pero ya anticiparon su rechazo al polémico artículo.El 30 ya fue aprobado en Diputados, pero esos senadores quieren rechazarlo o eventualmente modificarlo; de ocurrir así, el Presupuesto deberá volver a Diputados y tratarse allí entre el 29 y 30 de diciembre, a más tardar el 5 de enero, lo que fácticamente resulta casi imposible.

Como se sabe, la legislación vigente ordena que el Presupuesto debe sancionarse en el año previo a su ejecución, lo que suma más ansiedad entre sus impulsores: Javier Milei, en primer lugar, y su ministro Luis Caputo, en segundo.

Es que, mediante la aprobación de la norma, el Gobierno logra autorización para tomar nueva deuda que le permita hacer frente a próximos y millonarios vencimientos, de manera de enviar señalares de previsibilidad a los organismos internacionales y al mercado. Caso contrario, un escenario de default asoma a la vuelta de la esquina.

Las claves del proyecto de Presupuesto
El proyecto del primer Presupuesto que los senadores de Javier Milei quieren aprobar este viernes contempla entre sus principales claves un aumento en la economía del 5% del PBI y un superávit del 1,5%, con una inflación prevista del 10,4% anual.

Mantiene el sistema de bandas cambiarias con un dólar proyectado en $1.423 a diciembre de 2026; contempla recursos $148,2 billones, lo que implica una caída del 2,5% real (considerando la inflación proyectada) con respecto al cierre previsto para 2025, y un gasto total de $148 billones, anticipando un superávit primario de $2,7 billones.

Para el oficialismo, el consumo privado aumentará el año próximo 4,9%; el consumo público se incrementará 4,5 %; las inversiones subirán 9,4%; en tanto, se proyecta un aumento de 10,6% en las exportaciones y un incremento del 11,1% en las importaciones.

El proyecto prevé el congelamiento del bono para jubilados y pensionados, haciendo caer el volumen destinado a pensiones por discapacidad; asimismo, prevé un incremento real de 6,4% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y reduce drásticamente el dinero destinado a la prestación Alimentar (un complemento de la AUH).

Inocencia fiscal: el otro proyecto en debate
Por otro lado, el Senado también tratará este viernes el proyecto de ley del Principio de Inocencia Fiscal, también aprobado en Diputados, que modifica el régimen tributario y penal para elevar los umbrales a partir de los cuales una persona o empresa puede ser investigada por evasión fiscal.

El objetivo del proyecto libertario es blindar legalmente a quienes usen sus ahorros no declarados, aumentando de $1,5 millones a $100 millones el monto mínimo que habilita la investigación por evasión simple, y de $15 millones a $1.000 millones en casos de evasión agravada.

Además implementa un régimen simplificado de impuesto a las Ganancias, eliminando la necesidad de justificar consumos personales, lo que podría incentivar el uso de dinero no declarado, como los famosos “dólares bajo el colchón”.