El tema planteado es polémico porque roza la discriminación, pero a la vez es revelador de la preocupación que registran los comerciantes de la ciudad en general -ya no solo los de barrio Italia-, por la notable proliferación de comercios pequeños, principalmente tiendas dedicadas a la venta de indumentaria, que son propiedad de ciudadanos del vecino país.

Los comerciantes movilizados por este tema ya mantuvieron reuniones de distinto tipo e incluso están siendo acompañados por la Comisión Vecinal, primera receptora de los reclamos e intermediaria en las gestiones que se están concretando para abordar el tema. La semana pasada fueron recibidos por el secretario adjunto del Centro Empleados de Comercio, Juan Berca. Y también hubo contactos con la Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales del Municipio, que encabeza Marcos Corach.

Por supuesto, el intendente Luis Castellano está al tanto de la movida, que no es nueva en el caso de la resistencia que genera la presencia de los bolivianos en el negocio de la comercialización minorista de indumentaria.

El reclamo

¿Qué quieren los comerciantes del barrio Italia? Que no se aprueben nuevas habilitaciones de comercios pertenecientes a ciudadanos bolivianos. El pedido es inviable, por inconstitucional, dado que un precepto de la Carta Magna es que nadie está impedido de ejercer cualquier comercio lícito. Imposibilitados de seguir adelante con un reclamo semejante, piden que haya más controles, basándose en la sospecha de que los bolivianos trabajan fuera de la ley.

La respuesta que han recibido hasta ahora es la misma que se le dio a los representantes de la Comisión de Comercio del CCIRR, que sin hacerlo público también presentaron reclamos en la misma dirección, en este caso alarmados por la proliferación de tiendas bolivianas en el microcentro rafaelino. "Los comercios están habilitados porque cumplen con los requisitos que se le piden a todos aquellos emprendedores que quieren poner un comercio en Rafaela: deben respetar las normativas municipales en cuanto a accesos, salidas de emergencia, instalaciones eléctricas, prevención de incendios, etc. Están inscriptos, reciben inspecciones regularmente y pagan los tributos municipales como cualquier otro", sostienen desde el Municipio.

"Venden ropa trucha", es otra de las acusaciones que reciben los comerciantes bolivianos. Hace algunas semanas se concretaron operativos de la Policía Federal en el que se secuestraron, en más de una decena de locales de la colectividad, ropa que vulneraba la ley de marcas, según aseguraron los investigadores. Se secuestró mercadería por más de un millón y medio de pesos, pero incluso mientras la Federal retiraba los bultos con los elementos secuestrados, los locales seguían abiertos y muy bien provistos por mercadería que tenía la documentación en regla. De hecho, ninguno de los comercios allanados dejó de funcionar.

"Tienen empleados en negro". También esa denuncia está latente. Pero sucede que la autoridad de aplicación en estos casos es el Ministerio de Trabajo. Y los locales bolivianos son atendidos por sus propios dueños o por familiares.

Los prejuicios y la ley

En suma, cuando se empieza a repasar la cuestión aparecen prejuicios y consideraciones que no constituyen un impedimento legal concreto. Sí es raro que si hay un megaoperativo en que se secuestra más de un millón y medio de pesos en mercadería los locales sigan funcionando como si nada. En todo caso, podría haber un financista común. Pero si se pagan los tributos, si además los comerciantes de nacionalidad boliviana pagan alquileres a propietarios rafaelinos que cobran en tiempo y forma -a veces por adelantado-, si cumplen con las especificaciones municipales, si la ropa es adquirida legalmente o a los mismos proveedores que muchísimos comerciantes rafaelinos que reconocen viajar junto a los bolivianos a los centros conocidos del Gran Buenos Aires o de la CABA, parece difícil encontrar una causa para prohibir las habilitaciones.

También se sabe que hubo reuniones de funcionarios locales y representantes de la gremial empresaria con la representación de la AFIP en Santa Fe. Y que las respuestas del organismo fiscalizador tampoco dieron margen para alguna medida específica. Es más, si se realizara un operativo masivo de inspección, el mismo sería sobre todo el sector comercial minorista y no enfocado solamente hacia los comerciantes bolivianos. Y ya se saben los temores que genera la palabra "inspección de la AFIP".

Fuente: Sin Mordaza