Luego de cinco meses de investigación, este domingo por la madrugada se realizaron 20 allanamientos que permitieron desarticular organizaciones que operaban distribuyendo y vendiendo drogas en San Cristóbal, Ceres y Rafaela. Como resultado de la acción policial, fueron detenidas 18 personas mayores de edad, entre las cuales hay una persona con libertad condicional y otras tres con antecedentes por violar la ley de estupefacientes.

También fueron secuestrados 1,546 kilos de marihuana (distribuidos en trozos compactos y dosis listas para su consumo), 4,8 gramos de cocaína y ocho armas de fuego de diversos calibres, motos y autos, entre otros elementos de interés.

Al respecto, el jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCA), José Moyano, explicó que “la investigación comenzó a principios de mayo con una denuncia en la Brigada Operativa Departamental XIII. En forma simultánea, la subdelegación de Ceres dió inicio a otra investigación y surgió una conexión entre las mismas, que continúa por impulso del fiscal. Luego solicitamos intervenciones telefónicas y se constató una conexión entre Ceres y San Cristóbal; y a los pocos días surgió otra vinculación con Rafaela”.

Se realizaron nueve allanamientos en San Cristóbal, cinco en Ceres, cuatro en Rafaela y dos en la cárcel de Coronda. En Ceres se detectó lo que se conoce como “línea de provisión”, y en Rafaela la “línea de distribución”, siendo el epicentro y el punto nodal San Cristóbal.

Con respecto al allanamiento de una celda en la cárcel de Coronda, Moyano dijo que “la conexión es porque teníamos en la investigación a dos mujeres involucradas cuyos esposos están detenidos en esa unidad carcelaria desde noviembre pasado”.

En los operativos participaron personal de la DGPCA, la Compañía Tropa de Operaciones Especiales, Grupos de Apoyo Táctico de la Policía de Santa Fe, Policía de Acción Táctica, Guardia Rural Los Pumas, Policía de Investigaciones y Agencia de Investigación sobre Trata de Personas. En la causa intervienen el juez federal Miguel Abasolo, y el fiscal federal Federico Grimm.-