A menos de un mes de una audiencia clave en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, la jueza Loretta Preska emitió un nuevo fallo que complica la situación de YPF. La magistrada ordenó a la petrolera entregar información sensible, incluyendo correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y registros internos, en el marco del juicio por la expropiación de 2012.

Preska denegó que la compañía pueda presentarse como parte en el proceso de discovery y otorgó un plazo de 15 días para la entrega de la documentación. El objetivo de la Justicia es determinar si YPF mantiene independencia de la administración nacional o si, por el contrario, funciona como un alter ego del Estado.

“Cuanto más autónoma se muestre YPF, menores serán las posibilidades de que los fondos demandantes convenzan a la jueza de que es parte del Estado”, explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors.

La audiencia decisiva se realizará el 29 de octubre, cuando Argentina, YPF y los síndicos que reclaman la indemnización expondrán sus argumentos ante un tribunal de tres jueces. Allí se revisará el fallo de primera instancia que ordenó al país pagar u$s16.100 millones más intereses a los demandantes, aunque eximió a la petrolera de responsabilidad directa.

El escenario es crítico: si se confirma que YPF y el Estado son lo mismo, la Justicia podría avanzar sobre los bienes de la compañía para garantizar el pago. Mientras tanto, los fondos Burford Capital y Eton Park presionan por un pago anticipado, con intereses que crecen a razón de u$s2,5 millones diarios, además de los honorarios legales estimados en u$s1.500 por hora.

Por su parte, la defensa argentina insiste en que la Cámara introduzca cambios en la sentencia, tras haber perdido en primera instancia. También sigue en pie otra apelación: el 30 de junio, Preska ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF a un fideicomiso como garantía, medida que el Estado argentino apeló y cuya resolución se espera el 25 de septiembre.
FUENTE: LT10 - AMBITO