Los detalles del caso fueron elevados a la Legislatura provincial a la espera de que se determine si los hechos ameritan una suspensión del funcionario por 180 días, su remoción definitiva o bien si el trámite investigativo queda a cargo de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Todo comenzó con una pesquisa del fiscal federal Javier Arzubi Calvo en Venado Tuerto, donde pudo determinarse que en escuchas telefónicas surgían conversaciones entre David R., sospechado de ser vendedor de drogas, con el fiscal en cuestión, Mauro Blanco. Esas escuchas motivaron seguimientos policiales a la casa del dealer investigado, donde se observó la llegada de un hombre con las características físicas de Blanco, en un vehículo oficial del MPA. En ese mismo domicilio luego se practicó un allanamiento con orden de la Justicia Federal donde se secuestraron varias armas de fuego, una balanza de precisión y plantas de marihuana.

El problema más destacado en el reporte a la Legislatura, más allá del delito de comercio de drogas, agravado por tratarse de un funcionario público, es que el fiscal habría utilizado información suministrada por el dealer para avanzar con medidas de búsqueda de armas de fuego, a raíz de un caso de robo de una camioneta con la privación de la libertad para su dueño. La investigación estima que Blanco no asentó el origen de esa información en ningún lado, no pidió a un juez una orden de allanamiento y avanzó en su lugar con una modalidad llamada “registro domiciliario voluntario” para buscar esclarecer ese delito presunto.

 
Esto fue considerado desde la Auditoría General de Gestión encabezada por María Cecilia Vranicich como un acto inaceptable, una conducta que supone un probable mal desempeño del fiscal e incluso un delito. Frente a esto el fiscal regional de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, pidió el apartamiento de Blanco de las investigaciones donde está puesto en crisis su desempeño. Ayer el funcionario, que está con licencia médica a su pedido, recibió la notificación de la presentación del trámite del caso que lo involucra en la Legislatura.

FUENTE: La Región