La Cámara de Diputados -por unanimidad- sancionó una ley que habilita al Poder Ejecutivo a otorgar una suma monetaria excepcional al personal suplente del sistema educativo (docentes y asistentes) cuya cifra, forma de pago y cantidad de beneficiarios se definirá en la mesa de la negociación paritaria. De esta manera, el cuerpo aceptó los cambios introducidos por el Senado a una iniciativa que se originó en la Cámara Baja a través del radical Juan Cruz Cándido que disponía el pago de una suma de 10.000 pesos para esos trabajadores que a partir de marzo no tuvieron ingresos y no calificaron para ser beneficiarios del IFE.

 
También la Cámara constituyó unanimidad para votar otro proyecto de Cándido, en este caso, declarando el estado de emergencia por catástrofe ambiental en toda la provincia afectada por los incendios en las islas del Delta del Paraná, lapso que será de 180 días si el Senado acepta el texto. “Ya son 350.000 las hectáreas afectadas” se le escuchó decir al radical que estaba en forma virtual siguiendo la sesión y con una conexión defectuosa.

Por unanimidad en general y con diferencias en particular, además Diputados le dio media sanción a una norma “de rescate” a los jardines maternales y de infantes. La bancada justicialista se diferenció del proyecto del socialista Joaquín Blanco en no aceptar definir la cifra de 180 millones de pesos y pretendió exigir un mayor cupo de becas para el año próximo en cada establecimiento.

 
En tanto, la mayoría del Frente Progresista logró imponer una declaración de “preocupación por la crítica situación institucional que atraviesa el Ministerio de Seguridad a partir del pedido de licencia del Jefe de Policía, Víctor José Sarnaglia, y su futura presentación citado por la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 Rosario del Ministerio Público de la Acusación”. Sobre el tema no hubo acuerdo en Labor Parlamentaria lo que obligó a una trabajosa votación para habilitar el sobre tablas por las dificultades de conectividad de varios legisladores. Luego hubo un fuerte debate que culminaron Pablo Farías (PS) y Leandro Busatto (PJ).

Efectos de la pandemia

La situación de docentes y asistentes escolares reemplazantes y de los jardines es directa consecuencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento que se originaron a partir de la pandemia por el Covid 19. Los primeros se quedaron sin ingresos debido al no funcionamiento en forma presencial del sistema educativo y los jardines no pudieron funcionar y como dependen directamente del pago de padres han quedado en situación muy debilitada desde el punto de vista económico.

“Autorizase al Poder Ejecutivo a otorgar una suma monetaria de carácter excepcional al personal suplente del sistema educativo provincial que, por consecuencia de la entrada en vigencia de las disposiciones legales nacionales y la respectiva adhesión provincial, que establecieron la emergencia sanitaria por la declaración de la pandemia coronavirus COVID-19 y la suspensión del dictado de clases presenciales en los establecimientos educativos de gestión oficial o privada de todos los niveles y modalidades, dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, no hayan tenido ofrecimiento y asignación de suplencias”, reza la ley sancionada. El Senado, al momento de discutir el proyecto, sacó la cifra de 10.000 pesos mensuales y dejó en manos de las mesas paritarias docentes y estatal la definición del monto. Al ministerio de Educación se le ordena el relevamiento y registro del personal en condiciones de acceder al beneficio y se determina que los recursos deberán ser atendidos con recursos de la ley de Necesidad Pública. Todo el arco político saludó la sanción de la norma e incluso el jefe de la bancada justicialista, Busatto, explicó por qué ahora respaldaban el texto cuando se habían opuesto en la primera votación.

 
En tanto, sobre la situación de jardines hubo un contrapunto entre el autor -Blanco- y Busatto. El primero cuestionó duramente al gobierno provincial por abandonar a su suerte al sector. “Tiene que resolver el problema y no lo ha hecho” aseguró mientras que el justicialista reclamó tener una ley de Educación para que los jardines formen parte del sistema educativo y no como hoy donde algunos empleados son monotributistas, otros empleados de comercio y algunos en negro. Valoró los aportes realizados tanto por el gobierno provincial como el nacional al sistema para afirmar que “no hubo Estado ausente, hay un Estado presente”.

CATÁSTROFE SOCIOAMBIENTAL

Toda la Cámara se unió para votar un proyecto de ley declarando el estado de emergencia por Catástrofe Socioambiental en la provincia afectada por los incendios del Delta del Paraná. La medida está prevista por 180 días, crea un fondo con recursos de la ley de Necesidad Pública y un Comité de Emergencia para asistir al Poder Ejecutivo y a las cámaras. Dicho comité estará integrado por representantes de universidades, organizaciones sociales con personería jurídica cuyo objetivo fuese la protección y tutela del ambiente y salud pública, así como actores del campo educativo y social. También crea el registro provincial de Catástrofe Socioambiental y prohíbe mientras dure la emergencia los permisos de quema. Cándido habló de 350.000 hectáreas ya afectadas; la socialista Erica Heynes recordó que hace un mes ya la Cámara votó una declaración sobre el tema. “Pasó un mes, la situación se agravó y se volvió más problemática, preocupante y desesperante sobre todo para quienes viven en las cercanías de este ecocidio”. Desde el oficialismo, Busatto exigió discutir otros temas ambientales como uso de fitosanitarios, entre otros.

APORTES

El ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, desmintió que el gobierno se haya olvidado de los jardines y afirmó que el Poder Ejecutivo ha transferido a 457 establecimientos dos cuotas por un total de $ 14.590.000 cada una mientras que hoy comienza el pago de la tercera cuota por $ 25.360.000, haciendo un total de aportes de $ 54.440.000. Además, aseguró que el gobierno gestionó ante Nación el pago de ATP a establecimientos que presentaron la documentación y que fueron aceptados.

FUENTE: EL Litoral